Garzón pinchó hace meses los teléfonos 'Luigi' de García Sáez

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Barcelona. La detención del ex dirigente del PSC y empresario Luis García Sáez, Luigi, en el marco de la Operación Pretoria ha causado honda preocupación en algunos de los sectores menos ortodoxos de la construcción catalana y entre algunos empresarios.

La posibilidad de que el juez responsable de la operación, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ordenara la intervención de los teléfonos de García Sáez es la causa del pánico que se vive en ciertos ambientes barceloneses.

Fuentes de la investigación señalan al ex diputado socialista como el pivote de la trama de corrupción urbanística y blanqueo de capitales por la que fueron detenidos el martes, entre otros, los antiguos hombres de confianza de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, y el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz.

En medios judiciales mantienen la hipótesis de que Luigi dirigía una red que captaba bolsas de dinero negro para invertirlas en la compra de solares que, gracias a sus influencias, tenían garantizada una recalificación del suelo que reportaría a sus inversores cuantiosas plusvalías.

Si trasciende el contenido de las conversaciones telefónicas de García Sáez, en las que negocia las operaciones pesuntamente irregulares, las repercusiones políticas pueden salpicar a diversos ayuntamientos, según las mencionadas fuentes.

En una parte de esas operaciones habría intervenido la sociedad pública municipal de Santa Coloma, Gramepark. Los responsables de la investigación consideran que tanto el Bartomeu Muñoz como su teniente de alcalde y presidente de Gramepark, Manuel Dobarco, y el gerente de servicios del ayuntamiento, Pascual Vela, tenían conocimiento de los manejos de Luis García Sáez.

Fuentes próximas a la investigación señalan que Prenafeta y Alavedra habrían utilizado la red de García Sáez para reintroducir dinero que habían evadido previamente del Fisco y que tenían depositado en diferentes paraísos fiscales.

Prenafeta parece controlar una sociedad off shore domiciliada en el archipiélago portugués de Madeira y Alavedra posee firma en una sociedad suiza del cantón de Ginebra, aunque las partidas investigadas por Garzón y por el fiscal anticorrupción asignado al caso, Luis Pastor, pasaron por la isla británica de Jersey antes de recalar en Santa Coloma de Gramenet.

Presión nacionalista

Convergència Democràtica se ha desmarcado tanto de Prenafeta como de Alavedra, a pesar del importante papel que ambos desempeñaron en el Gobierno de Jordi Pujol. El partido nacionalista los considera desvinculados de la política. Sin embargo, ambos tienen un papel activo en la Fundació Catalunya Oberta, un lobby liberal y ultranacionalista impulsado precisamente por Prenafeta.

La fundación está compuesta por personalidades de la vida social catalana y presidida por el ex presidente del Puerto de Barcelona Joaquim Tosas. Entre los patronos figuran algunos de los más estrechos colaboradores de Joan Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona. Catalunya Oberta emitió ayer un comunicado en el que defiende a ultranza la inocencia de Prenafeta y de Alavedra y carga duramente contra Garzón.

De las promociones del Ayuntamiento de Santa Coloma y de Gramepark se beneficiaron también, presuntamente, las constructoras Proinosa y Espais, cuyos responsables, Josep Singla y Lluís Casamitjana, fueron detenidos también el martes por orden de Garzón. La Guardia Civil detuvo ayer a otro empresario, en esta ocasión en Madrid, en el marco de la misma operación. Se trata de Manuel Carrillo, responsable de la compañía Limasa Mediterránea, concesionaria del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Además, la comisión judicial que durante todo el día del martes registró la sede del Ayuntamiento de Santa Coloma se incautó de abundante documentación relativa a convenios urbanísticos entre la corporación municipal y diversas empresas. Además de Procoinsa, Espais y Limasa, los agentes de la Guardia Civil requisaron diversa documentación sobre la relación del ayuntamiento con las compañías Capsa y Rubatec.

Con Carrillo, el número de detenidos por la Operación Pretoria se eleva a nueve. Los ocho detenidos en Barcelona, que se encuentran detenidos en la Comandancia de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, prestaron ayer declaración ante efectivos del instituto armado y está previsto que hoy partan en un furgón hacia Madrid para declarar mañana ante Garzón en la Audiencia Nacional.

En medios socialistas aún sorprende la naturaleza de los delitos imputados al alcalde de Santa Coloma que, aunque era un miembro del aparato del PSC, está considerado un tipo con la vida económicamente resuelta. Bartomeu Muñoz heredó un patrimonio inmobiliario de su padre, Blas Muñoz, el último alcalde franquista de Santa Coloma, compuesto por cerca de un millar de pisos en la localidad barcelonesa.

Muñoz ha sido criticado por ser alcalde de Santa Coloma a pesar de residir en la calle Beethoven de Barcelona, una de las zonas más exclusivas de la capital catalana. Sin embargo, su conocido gusto por vestir ropas caras, conducir un Mercedes o veranear en una finca de su propiedad en Rupià, muy próxima a la del ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, había sido atribuido hasta ahora a la cómoda situación financiera heredada de su familia.