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Una operación de la Guardia Civil, ordenada por el juez Baltasar Garzón, se lleva por delante a varios dirigentes socialistas catalanes y a los dos colaboradores más estrechos de Jordi Pujol en la Generalitat.
Barcelona. El golpe del juez Baltasar Garzón y de la Fiscalía Anticorrupción a los principales barones del sector negocios de Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), los hombres de confianza de Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, se ha llevado por delante también al alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bertomeu Muñoz, destacado dirigente del PSC y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, apartado ya de sus cargos por su partido y al conseguidor y ex diputado socialista, Luis García Sáez.
También fueron detenidos ayer el teniente de alcalde de Urbanismo y presidente de la sociedad municipal Gramepark, Manuel Dobarco, el gerente del Ayuntamiento, Pascual Varela, y el propietario de la constructora Proinosa, Josep Singla y Lluís Casamitjana, constructor de la firma Espais.
'Sector negocios'
Prenafeta y Alavedra fueron los responsables, sucesivamente, de la agenda oculta del Gobierno de la Generalitat presidido por Pujol: se ocupaban de las relaciones menos confesables del Ejecutivo catalán, las que mantuvo con personajes como el empresario Javier de la Rosa, el abogado Juan Piqué Vidal o el ex juez Lluís Pascual Estevill.
Esas relaciones acabaron con las carreras políticas de ambos. Pero les reportaron una lista de contactos que rentabilizaron en sus intensas actividades empresariales tras abandonar la 1
administración.
Garzón investiga una red de blanqueo de dinero negro procedente de paraísos fiscales a raíz del sumario del caso BBV Privanza Jersey, en el que estuvo implicado el bufete de abogados barcelonés Petrus, del que son titulares dos abogados padre e hijo. La detención de Prenafeta y Alavedra estaría relacionada, según fuentes financieras, con la supuesta evasión de capitales a esos paraísos fiscales. Capitales que habrían sido reintroducidos gracias a operaciones inmobiliarias protagonizadas por la promotora municipal de Santa Coloma, Gramepark. En el caso de Prenafeta, informan las mencionadas fuentes, el origen estaría en una sociedad domiciliada en el archipiélago portugués de Madeira.
Algunos efectivos de la Guardia Civil tomaban ayer el ayuntamiento, desalojaban a los funcionarios municipales y procedían al registro. Muñoz requirió los servicios del despacho del penalista Fermín Morales.
En un cuartel
Para entonces, Prenafeta y Alavedra ya se encontraban detenidos, luego fueron enviados al acuartelamiento de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca. El viernes serán trasladados a Madrid para declarar ante Garzón.
La misma comisión judicial que practicó el registro en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet requirió también documentación a otro consistorio, el de Sant Andreu de Llavaneres, hoy gobernado por CiU, pero sobre unas operaciones realizadas cuando estaba gobernado en coalición por el PP y el PSC.
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